Ramón Peco

Hoy un tribunal sueco ha condenado a un año de prisión y a pagar cerca de tres millones de euros a cada uno de los responsables de la mayor web de descargas P2P de internet: The Pirate Bay. No cabe quedarse de brazos cruzados mientras los que ayudan a que accedamos a toda suerte de material audiovisual terminan en la cárcel. En su web andan recibiendo miles de mensajes de apoyo de todo el mundo.

La inmensa mayoría de la gente hemos usado y usaremos material descargado de la red y sin embargo las leyes prohíben esto. ¿Hasta cuando los miserables intereses de una minoría deben imponerse frente a lo que es una actitud completamente generalizada? El infame argumento de proteger al creador con leyes absurdas ya es completamente insostenible.

En Europa los abanderados de la represión intelectual, con Sarkozy a la cabeza, sólo saben castigar a los que fomentan la difusión del conocimiento. Es la misma historia de siempre. El poder utilizando la fuerza bruta contra la vanguardia social. Nos amenazan con cortarnos la conexión a internet si descargamos películas o discos ¡gobernantes idiotas! ¿Cuánto tiempo piensan que alguien tardará en ponerle un remedio tecnológico a su torpe medida? Esto no es otra cosa que disparar cañonazos contra moscas.

En España la recién nombrada ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, piensa que hay que 'ordenar internet' para que subsista el cine español. La cinematografía y la música española con sello oficial hace tiempo que están podridos porque sus impulsores no son otra cosa que burócratas que no logran interesar con sus creaciones a casi nadie.

Dicen que el cine va mal por el auge de la piratería. Pues bien, yo he descargado, descargo, y descargaré películas y voy bastante al cine, probablemente más de lo que van los que escriben muchas de estas normas censoras. En la música sucede lo propio. Muchos de los principales compradores de discos tienen sus ordenadores duros llenos de música por la que no han pagado nada. Quizá ese sea parte del terror que provoca internet entre algunos, pues es una máquina fabulosa para desenmascarar a creadores mediocres sin gastarnos ni un euro en su trabajo.

Por otra parte, más allá de las connotaciones culturales de este problema, nos encontramos ante un conflicto económico en toda regla. Los más perjudicados por estas medidas son los que no pueden pagar el precio que los empresarios de la cultura quieren cobrar. A muchos nos han dejado sin derecho a una vivienda digna, sin un trabajo con garantías, y ahora quieren arrebatarnos que al menos podamos disfrutar fácilmente de algunos productos culturales. ¿Qué será lo próximo? ¿Cobrar por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas? Está claro, hay que pararles los pies de una vez por todas.